El empleo informal es una expresión más de la pobreza. Debemos recordar que la situación de Pandemia, las medidas fallidas y la irresponsabilidad del Gobierno a cargo de Martin Vizcarra, generaron una crisis económica y humanitaria en el 2019 que condujo, entre otras consecuencias, a que los niveles de pobreza escalaran de 20.2% en el 2019 al 30% en el 2020; esta cifra corresponde a nueve millones ochocientos mil peruanos en situación de pobreza.

Buscar empleabilidad y reponer los ingresos familiares no ha sido sencillo para la gran mayoría de peruanos, considerando como factores negativos a tomar en cuenta las condiciones económicas resultantes de la crisis y la gestión pública de los últimos años. A esto se suma la poca capacidad del gobierno actual de generar confianza y condiciones que apoyen una mayor inversión privada y el consecuente incremento de la productividad que permita generar empleos formales. La economía crece así reducidamente, siendo un factor crítico que cada año se sumen por lo menos 150,000 jóvenes con expectativas de ingresar al mercado laboral.

El empleo precario que surge como una respuesta a la pobreza, termina representando un ángulo adicional del rostro de la pobreza.

Según cifras oficiales al 2021, la población en edad de trabajar se sitúa alrededor de 25.2 millones de habitantes; se cuenta con una población ocupada de solo 17.1 millones. Es decir, una tasa de ocupación de solo el 67.8%, pero adicionalmente hoy el 76.1% de esta población ocupada es informal, ya que no cuenta con beneficios sociales o laboran en empresas no registradas. Algunos sectores de la economía son altamente generadores de empleo informal para sus actividades, entre ellos:

• • Agropecuario (96%)
  • Transporte (86%)
  • Restaurantes y Alojamientos (86%)
  • Construcción (86%)

Al observar la evolución de las tasas de empleo informal podemos observar como este no es solo una expresión más de la pobreza sino una respuesta de la población para enfrentar la situación de crisis y el escaso crecimiento económico que permitiría proveer empleos formales y/o de calidad.

La tasa de empleo informal desde marzo 2018 a marzo 2022 ha pasado de 72.7% a 76.1%, la incidencia incluso es mayor en el área urbana donde la tasa se eleva de 65.9% a 70.6%.

Por otra parte, el empleo formal decrece desde 27.3% en marzo 2018 a 23.9% en marzo 2022. En el caso de la población urbana decrece del 34% al 29% y en la zona rural, si bien no se presenta un descenso, el nivel de empleo formal sigue siendo apenas un reducido 4%, sin que se haya producido mejora alguna en 3 años.

Solo entre abril 2021 y marzo 2020 se han sumado 1.8 millones de nuevos empleos informales, es decir, la ocupabilidad crece, pero en condiciones precarias. Como dato adicional, el ingreso promedio de los trabajadores a nivel nacional sigue situándose en un 3% por debajo de los niveles pre-pandemia.

Un dato concreto que nos da luces de cuanto debemos trabajar por mejorar los niveles de empleo formal es el nivel de informalidad según el tipo de empresa. Por ejemplo, en aquellas empresas con menos de 20 trabajadores el nivel de informalidad es del 90%. Sin embargo, en aquellas con un nivel de trabajadores superior a 100 personas, los niveles se reducen hasta 20.5%.

Tenemos un camino amplio sobre el cual trabajar en el mediano y largo plazo. Es claro que la mayor inversión privada, productividad y ciclos de vida de las empresas producen una amplia correlación positiva con la generación de empleo formal. Por tanto, el Estado hoy ineficiente e ineficaz en sus labores de gestión de recursos y en la provisión de servicios e infraestructura básica, debe no solo corregir su incapacidad sino, además, permitir el clima institucional apropiado que provea confianza y estabilidad para generar mayor inversión privada (hoy en perspectivas negativas).

En ese contexto, debemos entender que el crecimiento sostenido que provea de empleo de calidad creciente no requiere precisamente de pilotos automáticos o paliativos con políticas redistributivas, mucho menos de un gasto público improductivo asociado muchas veces con actos de corrupción y/o aprovechamiento político. Por el contrario, se requiere de un esfuerzo cohesionado público (administración eficientemente de los recursos fiscales) y privado (con ideas sectoriales en función país) enfocado en la formación de capital humano, innovación y difusión del conocimiento, desarrollando una mayor base productiva.

Debemos vencer la incapacidad de décadas, en un clima de paz, pero se requiere de un Estado con integridad + eficiencia que convoque con el ejemplo y de un sector privado que apueste por una visión compartida de integridad + competitividad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI