La inacción y falta de capacidad de los gobiernos regionales y locales son otra cara de la medalla cuando hablamos de incapacidad y desidia, ambas camufladas muchas veces bajo mensajes y obras populistas. Es decir, cuando lo que prima en sus actuaciones son todo aquello que da réditos en el corto plazo pero no otorga una verdadera respuesta a las necesidades estructurales y mucho menos provee soluciones estables hacia el futuro.

Desde el 2018 (exactamente 1 año después del fenómeno del niño costero) hasta el 2022, los gobiernos locales y regionales recibieron un total de S/2,204 y S/2,536 millones en presupuesto público destinado a obras que permitiesen la prevención frente a fenómenos naturales. Año con año la partida fue creciente, sin embargo, la ejecución solo alcanzó el 58% en el caso de las municipalidades a nivel nacional y 52% en el caso de los gobiernos regionales.

Otra cifra que llama la atención es que los gobiernos regionales del norte del país tuvieron un magro desempeño en la ejecución de los presupuestos del 2022 para fines de prevención de desastres naturales. Así por ejemplo, Lambayeque quien tuvo un presupuesto asignado de S/153,000 solo ejecutó un 4%, Tumbes sobre un presupuesto de S/15,457,00 solo ejecutó el 21% y Piura con un presupuesto de S/69,136,000 solo alcanzó ejecutar el 52%.

Obras elementales como ampliación de defensas ribereñas, muros de contención o canales de evacuación no se hicieron y una vez mas no por falta de recursos sino por falta de voluntades y capacidad de las autoridades.

Tenemos a lo largo del estado un problema serio de recursos humanos, existe incapacidad  para lograr trasladar el potencial de los recursos económicos presupuestales en infraestructura pública concreta.

Recientemente la Autoridad Nacional del Servicio Civil determinó que el 87% de los servidores públicos involucrados en los ejes de inversión pública carecen de capacidades necesarias para realizar sus funciones, es decir, 9 de cada 10 funcionarios no tienen las competencias necesarias.

Esto último se traduce claramente en los ciclos de inversión lentos, proyectos que aún si se planifica y se entienda que son de necesidad apremiante de todas formas tardarán en adjudicarse o en el peor de los casos nunca se ejecutarán y esto explica la razón de observar niveles altísimos recursos no ejecutados.

Pero sin duda el liderazgo es fundamental, un gobernante con sensibilidad auténtica a los problemas reales de la nación podría accionar las reformas necesarias para asistir a un cambio y evitar mayor daño del ya producido.

Estamos asistiendo una vez a un costo altísimo en vidas humanas perdidas, población damnificada y un daño económico inmenso que por ahora tiene previsión inicial de S/13,000 millones.

La distracción de nuestras autoridades sumidas en disputas políticas y populismo, la falta de capacidad de ejecución y el poco sentido de urgencia privan al país de obras elementales y necesarias.

Una vez más no se trata de un problema de recursos, se trata de un problema de voluntad y capacidad en quienes administraron  los recursos.