La tarea pendiente de los gobiernos Locales y Regionales

La gran mayoría de estimaciones sobre el crecimiento del PBI durante el 2022 parecen coincidir en que no lograremos un crecimiento mayor al 3%. En efecto, bajo la premisa que si bien el tercer trimestre de este año el crecimiento no superaría el 1.7%, el 4to trimestre debería ser mejor y cerraríamos con un 3%.

El PBI puede ser analizado de varias maneras, una de ellas es observar la contribución de sectores económicos para el crecimiento de la economía, sin embrago, en un contexto de crisis política permanente donde las expectativas de los agentes económicos son continuamente  golpeadas por la incertidumbre y la poca predictibilidad que hace difícil la toma de decisiones, pensar en términos de demanda agregada puede dar mayor evidencia de la debilidad del crecimiento de nuestro PBI y cuán importante puede resultar la inversión pública a nivel de gobiernos subnacionales (Regionales y Locales) a propósito de la reciente elección de alcaldes y gobernadores, con el próximo inicio de sus gestiones.

El PBI entendido desde la demanda agregada, implica el gasto de la economía nacional realizado por los agentes económicos (familias, empresas y el gobierno) bajo la siguiente fórmula:

Consumo Privado + Inversión Privada + Consumo Público + Inversión Pública + (Exportaciones – Importaciones).

Durante el 2022 es el consumo privado lo que ha sostenido el crecimiento del PBI; en el primer trimestre (+4.8%) y en el segundo trimestre (+4.6%). Esto está sustentado en parte por la liquidez proporcionada a las familias gracias a los retiros de CTS y AFP, por lo que se debe entender que  el efecto es temporal. En consecuencia, mientras la economía peruana no mejore estructuralmente, más aún si los bajos niveles de gobernanza pública y la crisis política permanente generan indicadores desfavorables en términos de inversión (por ejemplo la inversión pública cayó -15.4% en el 1er trimestre y tuvo una ligera mejora en el 2do (+1.3%) mientras que la inversión privada apenas creció 1.4% en el primer trimestre y 1.1% en el segundo).

Las proyecciones no obstante lo señalado, otorgan, en el mejor de los casos, una inversión privada con cero crecimientos el 2022; lo mismo se espera en el 2023. La inversión pública tan solo crecerá de 1% durante el 2022 y experimentará una caída cercana al 3% en el 2023 (Según proyecciones del BBVA Research).

En este contexto nos parece muy relevante analizar los recursos públicos que administrarán las nuevas autoridades, así como el desempeño (en cuanto a gestión y/o administración) en el ejercicio de la tarea pública:

• • Los gobiernos Regionales y Locales administran alrededor del 30% del Presupuesto General de la República, es decir, para el 2023 administrarían S/. 72,000 millones de soles. Históricamente solo el 40% del presupuesto total asignado a los gobiernos subnacionales ha sido destinado para inversión pública.
  • Durante el 2023 se destinarán alrededor de S/27,000 millones para inversión pública a través de los gobiernos subnacionales, sin embargo, estos presupuestos son modificados y ampliados durante el año.
  • Históricamente los presupuestos destinados a inversión pública no alcanzan ni el 60% de ejecución. Sobre esto, tomemos como ejemplo solo el caso de los gobiernos Regionales en el 2019 (año pre pandemia). Pues se tiene que contaron con S/10,366 millones de presupuesto y solo se ejecutó el 57% del mismo.
  • Al 31 de agosto del 2022 los Gobiernos Locales tienen un avance de ejecución de 36% sobre un presupuesto de S/27,420, es decir, solo se ejecutaron obras por S/. 9,910 millones. Por su parte los gobiernos Regionales alcanzaron una ejecución de apenas el 34% sobre un presupuesto de S/. 13,689.
  • A agosto 2022, 6 de 10 regiones con más conflictos sociales ejecutaron menos del 30% de sus recursos para proyectos de inversión, entre ellas Piura (13 conflictos con un 21% de avance), Cajamarca (9 conflictos con un 17% de ejecución).

El Canon y las regalías mineras merecen una mirada especial. Según el propio MINEM los recursos del Canon este año tendrán un máximo histórico desde el 2007, bordeando los S/, 8,000 millones de soles (116% superior al 2021) a lo que se suman los recursos de regalías por más de S/. 2,000 millones. Sin embargo, una constante es observar que cada año el 40% de estos recursos no son ejecutados por los municipios favorecidos.

Los recursos por Canon y regalías mineras en su mayor proporción son destinados a obras vinculadas a transportes (25%) y cultura y deporte (12%). Es dramático que obras de infraestructura urgentes en saneamiento, conectividad, educación o salud sean abordadas con poca prioridad.

En el 2022 Los recursos sumados por Canon y regalías mineras destinados en presupuesto para obras se sitúan alrededor de S/. 13,000 millones, sin embargo, los Distritos con mayor presupuesto asignado en provincias como Cusco, Ancash, Arequipa e Ica no alcanzan a ejecutar más del 25% de sus presupuestos.

Con relación a los niveles de corrupción dentro de estos niveles de gobierno podemos mencionar que, en el 2020, en plena etapa de pandemia, según la Contraloría General de la República el perjuicio económico estimado por casos de corrupción en gobiernos Locales y Regionales fue de a S/. 4,716 millones y S/.5, 762 millones respectivamente y según caso la defensoría del pueblo el 81 de los virtuales gobernadores regionales se encuentran vinculados a algún caso de corrupción.

Es evidente la falta de capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales, por falta de capacidad técnica; conocimiento de la gestión pública y el proceso de inversión pública, poco profesionalismo, además del sentido de prioridad (que puede estar más influenciado por una visión inmediatista y/o populista en cuanto a tiempo y una percepción “positiva” en los pobladores sobre una obra que puede ser recreativa y festejada, pero que finalmente no responde a las necesidades básicas y la brecha de infraestructura que debe cubrirse). A esto hay que sumarle el lastre de la corrupción.

La conflictividad social es también una respuesta a la falta de beneficios concretos de actividades como la minería que si bien proveen recursos como el canon y regalías, son desperdiciados por una deficiente gestión pública, generando un visión negativa y una incordia alentada por grupos interesados.

Este nivel de recursos disponibles impone la tarea moral de solucionar problemas básicos como el acceso a servicios básicos, conectividad, saneamiento y salud; que finalmente son la única alternativa real de abordar de manera integral la pobreza y generar oportunidades desarrollo.

Mejorar la calidad de nuestros gestores públicos no es un problema de fácil o rápida solución, se requiere su profesionalización, lo que implica una serie de reformas de nivel transversal y un auténtico plan de asistencia técnica por parte del Sector más vinculado directamente con una eficaz y eficiente ejecución del Presupuesto Público.

Además, se requiere una alianza que priorice al País; entre el privado comprometido con el bienestar general, el ciudadano informado e interesado y una educación en valores.  Hay pues que concertar planes y objetivos en el frente público, alineando sectores y niveles de gobierno en función de las verdaderas necesidades y prioridades sociales, orientando los presupuestos en términos de tiempo; proporción y necesidades identificadas para llegar a una real solución.