Como hemos sostenido anteriormente todos los intereses nacionales que justifican la existencia y acción de la gestión de la Administración Pública en temas como seguridad ciudadana, salud, educación y acceso a servicios básicos, se sustentan la necesidad de proteger a la familia y sus integrantes. Por tanto, la familia siempre debe ser el centro y fin de las políticas públicas que se diseñen e implementen.

Nuestros adultos mayores representan hoy el 12.7% de nuestra población, es decir, más de 4 millones de peruanos son adultos mayores de 60 años.

Según información del INEI, el 44% de los hogares peruanos cuenta al menos, entre sus integrantes, con un adulto mayor, mientras que en el 27.4% hogares este es jefe o cabeza.

La situación de nuestros adultos mayores es crítica, requiere de atención urgente. Sus casos han sido permanentemente objeto del centro de campañas políticas y ofertas electorales, pero nunca se ha percibido, si se ve desde la Administración Pública y la aplicación de políticas y acciones concretas, una auténtica voluntad y sentido urgencia para atender sus necesidades.

En efecto, la mirada hacia la población en autentica situación de vulnerabilidad ha sido desviada a temas sin un real impacto social.

Los Ministerios o Sectores llamados a atender los problemas vinculados con este sector de la población han exhibido una nula capacidad, como es el caso del MIMP que entre Enero – Julio 2020 solo ejecutó el 3% del presupuesto asignado para inversión. En el caso del MIDIS, en el mismo período, no presenta ninguna ejecución presupuestal a ese respecto, cuando, por ejemplo, tenemos a 1.6 millones de nuestros adultos mayores en situación de discapacidad.

Las cifras, además, revelan que, hoy más de 3 millones de adultos mayores presentan un problema de salud crónico y medio millón no accede a ningún seguro de salud, situación que además se agrava cuando se tiene que más del 60% de esta población no cuenta con cobertura en algún sistema de pensiones. Esto se agrava más cuando hasta 2 millones de personas dentro de este grupo objetivo no se encuentran en actividad; por tanto, no cuentan con ingresos.

El proyecto de presupuesto público 2023 considera por ejemplo partidas para funciones de:

• Salud por S/. 24,769 millones (S/. 1,824 millones por sobre el 2022)
• Previsión Social por S/. 14,375 millones (S/. 973 millones por sobre el 2022)
• Protección Social por S/. 7,806 (S/. 664 millones por sobre el 2022).

Es decir, solo en estas tres funciones, el Estado hoy solicita contar con S/. 3,461 millones adicionales a lo solicitado durante el ejercicio 2022.

Sostenemos una vez más que la solución del problema no es el mayor presupuesto en tanto su ejecución sea ineficiente o casi nula. Nuevamente insistimos, mientras no se dimensione a la familia como el centro y fin de todo esfuerzo, en la actuación y/o gestión pública, que permita la atención de la población en situación de vulnerable, no estaremos atacando de raíz el problema de la pobreza en el Perú.

Quien no honre el valor de la familia y la vida de sus integrantes tampoco podrá honrar la responsabilidad de administrar los recursos públicos de la Nación.

Fuente: Portal de Transparencia Ministerio de Economía y Finanzas  – INEI